Junio de 2014.

Fue mi estreno como Defensor Privado luego de 13 años como Fiscal y no podía ser mejor debut que una absolución para nuestro representado el ex Subdirector del Serviu Rafael Marambio y los dos abogados de la empresa Kodama Matías Cortés y Rodrigo Alcaíno, acusados por la Fiscalía de Alta Complejidad del delito de cohecho agravado.
Como el fallo no se encuentra ejecutoriado no es el propósito de estas líneas entrar a los fundamentos del mismo sino contextualizar los hechos ocurridos el 2010, y tildados de escándalo por la prensa de la época, que terminaron 4 años después desprovistos de los titulares punitivos que vendían un nuevo escándalo de corrupción política.
El consorcio Kodama se adjudicó el 2006 (Gobierno de la Concertación) el corredor Pedro Aguirre Cerda por $25 mil millones, el cual cruza varias comunas de la Región Metropolitana y es uno de los más grandes del Plan de transporte público conocido como Transantiago. Se proyectó la ejecución del proyecto en 336 días pero por deficiencias y problemas ajenos a la empresa la recepción de las obras recién ocurrió 4 años después en mayo de 2010, (Gobierno de la Alianza), luego de varias ampliaciones de plazo visadas por el SERVIU.
El núcleo del problema que originó la causa criminal investigada por la Fiscalía Centro Norte era determinar si el Estado debía o no dinero a esta empresa privada por mayores gastos generales y otros ítems, como el costo financiero, por esta extensión desmesurada de su trabajo por responsabilidad del propio Estado. Al respecto, distintas instituciones como el Dictuc, el Idiem, el Ceal (financiado por la propia Fiscalía) y las autoridades recién asumidas del Serviu el 2010 determinaron que sí existían varios miles de millones de pesos que el Estado debía a la Empresa Kodama difiriendo en los montos por las diferentes metodologías empleadas Ej; descontando utilidades, IVA, etc.
Pese a este consenso técnico, y como suele ocurrir en casos complejos, las diferentes normas regulatorias sectoriales y dictámenes previos de las Contraloría General de la República hicieron que una discusión razonable de opiniones legales en el seno de un Gobierno incipiente y una denuncia de un Senador que se excusó de comparecer a juicio a ratificar sus dichos, terminara con personas imputadas de supuestos delitos y en definitiva sin que a la empresa Kodama se le pagara un solo peso, lo que la llevó a la quiebra financiera y a la pérdida de su fuente laboral a 1500 personas.
En consecuencia, el fallo absolutorio dictado por el Cuarto Tribunal Oral de Santiago el 19 de junio de 2014, si bien repara de alguna forma el daño ocasionado a la honra de las 3 personas acusadas por la Fiscalía, deja a la vista la debilidad de la empresa privada y las personas naturales frente a un Estado todopoderoso a la hora de “cobrar” en el más amplio sentido de la palabra.