Hace pocos días, el nuevo Fiscal Nacional Jorge Abbott tuvo un encuentro en Temuco con los Fiscales Regionales de La Araucanía (Alberto Chiffelle, subrogando), Bío Bío (Julio Contardo) y Los Ríos (Juan Agustín Meléndez), para adoptar medidas concretas para mejorar la persecución penal de la eufemísticamente denominada “violencia rural” que no es otra cosa que el conflicto permanente entre agricultores y población indígena por la propiedad y explotación económica de las tierras. Surgió de esa reunión la inquietud ciudadana, y del propio ministro del Interior, Jorge Burgos, para buscar la designación de un Fiscal Exclusivo para enfrentar este problema. ¿Es la medida concreta que se necesita realmente?
Partiendo de la premisa que la compra de cientos de miles de hectáreas productivas y su traspaso a comunidades mapuche no han satisfecho sus inagotables demandas, y que la Fiscalía lleva 16 años enfrentando el problema delictivo asociado a esas demandas probando diversas fórmulas, desde testigos sin rostro hasta los propios fiscales exclusivos, no se ve por qué pudiera ser ahora la solución al mismo problema.
Desde que partió la Reforma Procesal Penal (año 2000, precisamente en Temuco), pasando por los distintos gobiernos y más de una decena de reformas al Código Procesal Penal y Código Penal (incluida la ley Antiterrorista) siempre se termina concluyendo que “lo que se debe mejorar es la coordinación entre Fiscales y Policías”, frase cliché, vacía de contenido, y que en la práctica es igual a nada. Conociendo en profundidad la zona, las fuerzas policiales desplegadas, recursos invertidos y el esfuerzo de los fiscales durante todo este tiempo para frenar la continua violencia, tal vez sea el momento para volver al principio y repensar una estrategia nueva.
Desde el punto de vista de la persecución penal (del Fiscal de carne y hueso), la mezcla explosiva de políticas públicas permisivas con los grupos violentos junto con un bolsillo estatal sin fondo para seguir comprando tierras, se ha traducido en que la Fiscalía interviene sólo ante hechos muy graves (incendios, robos, homicidios, etc.), limitando su accionar a otorgar medidas de protección ante actos menores de hostigamiento, lesiones, amenazas y usurpaciones, que son el pan de cada día y el caldo de cultivo para hechos graves posteriores.
Los agricultores se han organizado generando grupos de autodefensa ante las tomas ilegales y amenazas de algunos comuneros, lo que manifiesta la incompetencia de las instituciones (todas) para dar tranquilidad a sus ciudadanos. Tal vez el aporte que pueda realizar el nuevo Fiscal Nacional es instruir a los Fiscales de las tres zonas que persigan los delitos menores. Aunque la usurpación de un inmueble esté penada sólo con multa en la ley, que los Fiscales la pidan ante tribunales, que lleven a juicios las amenazas, aunque sean difíciles de ganar, etc.; en resumen, frenar los actos de violencia menor antes de que se agraven.
Finalmente, se debe invertir en tecnología para disminuir las miles de horas hombre en medidas de protección, aumentando el personal policial investigador a disposición de la Fiscalía y dotándolos con equipamiento de punta para cumplir con las entendibles exigencias de los tribunales de la zona para condenar a una persona.
Pedro Orthusteguy, ex Presidente Asociación Nacional de Fiscales y abogado y socio del Estudio Soto, Horvath, Daza, Farachi & Orthusteguy.
Fuente: http://ellibero.cl/opinion/fiscal-exclusivo-para-el-conflicto-mapuche/