Investigación por filtración de datos de general director de Carabineros:

La investigación por la filtración de la hoja de vida del general director de Carabineros, Hermes Soto, cuando fue designado por el Gobierno, el 14 de marzo, en reemplazo de Bruno Villalobos, pasó de la justicia militar a la civil.

La decisión fue adoptada este viernes por la magistrada del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Astrid Veninga, que acogió la incidencia de inhibitoria de competencia planteada por la defensa del único procesado de esta indagación: el comandante de la prefectura Santiago Norte de Carabineros, Jorge Espinoza.

El funcionario, quien hasta mediados de marzo se desempeñó como ayudante del entonces general director de Carabineros Bruno Villalobos, está encausado por el delito informático del artículo 2 de la Ley N° 19.223, que sanciona el apoderarse, usar o conocer indebidamente la información contenida en un sistema; además de interceptar, interferir o acceder a él.

El fiscal militar, mayor Pablo Aguirre, investiga cómo la hoja de vida de la máxima autoridad de la institución llegó a conocimiento del diputado Hugo Gutiérrez (PC), quien publicó en su cuenta de Twitter el registro de sanciones de Hermes Soto.

Aguirre, de la Cuarta Fiscalía Militar, podría trabar una contienda de competencia con el Ministerio Público.

Mientras tanto, la investigación quedó en manos de la fiscal jefe de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong, que está a cargo de la denuncia presentada en contra del diputado Gutiérrez, por la filtración de la hoja de vida de Soto.

La investigación contra el congresista se inició en abril en la Fiscalía Regional de Puerto Montt, donde se ingresó una denuncia en contra de Gutiérrez por hacer públicos los antecedentes de Soto en su cuenta de Twitter. En junio, la Fiscalía Nacional decidió enviar el caso a la Fiscalía Centro Norte.

El caso del comandante Espinoza tendrá una tramitación separada de la del diputado.

La fiscal Chong se opuso el viernes al incidente de inhibitoria, pues a su juicio la competencia era de la justicia militar.

«Lo fundamental del fallo del Séptimo Juzgado de Garantía es que se acogió el planteamiento hecho por esta defensa en el sentido de que someter al comandante Jorge Espinoza a la justicia militar es atentatorio al debido proceso, ya que se afectan los principios del juez competente, tribunal independiente e imparcial y proceso público, recogidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Palamara contra el Estado de Chile en el año 2005», afirmó Pedro Orthusteguy, abogado de Espinoza.

El defensor agregó que con el fallo se ha ratificado la jurisprudencia moderna del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema. «Es una gran noticia que le ha devuelto la tranquilidad y confianza en la justicia a mi defendido», comentó Orthusteguy.

Vuelco en la Corte Marcial

El 5 de julio, la investigación por la filtración tuvo un cambio en la Corte Marcial, la que revocó el procesamiento dictado en contra del general en retiro y ex subdirector de la policía uniformada Julio Pineda por el delito informático del artículo 2 de la Ley N° 19.223. Pineda fue el que inició el sumario administrativo interno de la institución por la denominada «Operación Huracán».

La decisión fue adoptada por el ministro civil de la Corte de Apelaciones, Hernán Crisosto, además de los magistrados Álex Gluzman (Ejército), Juan Pablo Hargous (FACh) y Juan Carlos Gutiérrez (Carabineros).

El argumento de la mayoría es que no se reúnen los presupuestos que exige el numeral 2° del artículo 274 del Código de Procedimiento Penal: presunciones fundadas para estimar que el inculpado ha tenido participación en el delito como autor, cómplice o encubridor. Los magistrados habrían considerado que Pineda, cuando ocurrieron estos hechos, se encontraba como general director de Carabineros (s), por lo que tenía la atribución para pedir la hoja de vida de Soto. La Corte Marcial solo confirmó el encausamiento dictado en contra del comandante Espinoza.

La defensa de Pineda fue la que apeló ante la Corte Marcial para dejar sin efecto el encausamiento. El voto de minoría fue del también ministro civil Juan Manuel Muñoz, quien fue del parecer de confirmar ambos procesamientos.

En esa resolución, además, la Corte Marcial resolvió ordenar una diligencia: la declaración en calidad de testigo del ex general director Bruno Villalobos, la que no se había decretado.

La determinación la adoptaron luego de revisar el procesamiento y conocer la investigación de la Cuarta Fiscalía Militar.

Esta decisión la adoptaron solo tres ministros del tribunal castrense: Muñoz, Gluzman (Ejército) y Gutiérrez (Carabineros).

DILIGENCIAS
La Corte Marcial ordenó al fiscal militar investigar la responsabilidad de la totalidad del personal institucional que intervino en el acceso y obtención de la información

Noticia: http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=12-08-2018%200:00:00&NewsID=590090&dtB=12-08-2018%200:00:00&BodyID=3&PaginaId=11