El ex presidente de la Asociación Nacional de Fiscales Pedro Orthusteguy aseguró que “podemos estar frente a un caso de financiamiento ilegal de la política”. Agregó que de ser ese el caso sería más complicado que lo que ocurrió con Penta y SQM porque no se está hablando de fondos privados. “Estamos hablando de fondos que no son privados, sino que de dinero del Estado, de los impuestos que paga la gente”.
Cada día se van conociendo nuevos antecedentes del llamado caso convenios, que dejó al descubierto irregularidades entre el Ministerio de Vivienda y la fundación Democracia Viva, entre otras fundaciones. El ministro Carlos Montes viajó a Antofagasta a entregar la información recopilada a la Fiscalía regional, que investiga el caso, pero el Ministerio Público no es el único que se ha querellado: el partido Revolución Democrática, al que pertenecen los involucrados, hizo lo propio.
En Mirada Líbero, el abogado y ex fiscal Pedro Orthusteguy advirtió que “es posible que estemos en un caso de financiamiento ilegal de la política, si es que la plata terminó finalmente en los partidos políticos, eso sería tanto o más grave que el caso Penta y SQM por los montos involucrados”.
El ex presidente de la Asociación Nacional de Fiscales aseguró que “es un escándalo de proporciones. Y si bien no se saben muy bien las cifras, al menos en Antofagasta se trata de 3 mil millones de pesos”.
En este sentido, a pesar de que, según el abogado, es difícil señalar con claridad qué delito se estaría dando, “eventualmente podríamos estar en un caso de malversación de fondos públicos, si es que estos dineros estaban en resguardo por parte del Seremi de Vivienda, y él se los apropió o permitió que terceros se los apropiaran. Eventualmente, podría haber falsificaciones de instrumentos públicos, los que se realizaron para poder hacer estas asignaciones”.
Orthusteguy: “Es dinero que la misma gente aporta al Estado”
Además, Orthusteguy apuntó a informaciones que señalan que puede haber otras fundaciones involucradas en situaciones parecidas, “por eso se ha dado la orden a nivel nacional de revisar todos estos traspasos o transferencias de dinero a organizaciones privadas que se supone que son sin fines de lucro, pero que no tienen un control, ni tampoco en este caso había una rendición de cuentas, del objeto que tenía esa fundación o lo que estaban haciendo concretamente”.
Para el exfiscal lo más grave de este caso tiene que ver con que se trata de dineros del Estado. “Estamos hablando de fondos que no son privados, en el caso Penta y SQM eran fondos privados entregados a parlamentarios, pero aquí estamos hablando de dinero del Estado, del pago de impuestos que hace la gente, y eso es lo que tiene que entenderse, que todos estos dineros son públicos, es dinero que la misma gente aporta al Estado y personas que no tienen mucha ética se los están apropiando, destinándolo para otros fines”, manifestó.
Al mismo tiempo, Orthusteguy hace énfasis en la posibilidad de que el mismo mecanismo usado en Antofagasta, se haya replicado en otras regiones. “Es muy raro que se repitan los mecanismos de una región a otra. Es extraño que aparezcan fundaciones también en el Maule y el Biobío con el mismo mecanismo que se usa en Antofagasta. Lo extraño de este caso es que la mayoría de esas fundaciones formaban parte del comando del Apruebo, es decir, claramente estas organizaciones participaron en actividades políticas, de respaldo al actual gobierno, y ese hecho, que aparezca copiado el sistema en distintas regiones, me parece altamente sospechoso”, indicó.
En esta línea, el caso reviste tal importancia, que Orthusteguy considera que debe hacerse cargo un fiscal regional, “justamente por la connotación pública y la envergadura. Hoy está a cargo el fiscal Cristián Aguilar, y la verdad es que sí creo que esto va a desbordar la Región de Antofagasta y es mucho mejor que esto esté en manos de un fiscal regional que pueda dedicar tiempo y, lamentablemente, recursos públicos también para investigar cómo otras personas usan recursos públicos del Estado, y hacer una investigación macro y desentrañar si detrás de todo esto hay un mecanismo orquestado a nivel nacional. Si esto ya se está expandiendo a nivel nacional, referido solamente al Ministerio de Vivienda, hay que revisar lo que está pasando con el resto de las fundaciones, porque hay miles de fundaciones a las cuales se les ha hecho traspaso de dinero”.
“Revolución Democrática y el Frente Amplio, como generación, quedaron manchados”
Este martes, en un nuevo antecedente en este caso, Revolución Democrática, el partido político al que está ligada la fundación Democracia Viva, informó que presentó una querella contra quienes resulten responsables. Incluso su presidente, Juan Ignacio Latorre, argumentó esta decisión diciendo que “hay sospecha de corrupción”.
Frente a esto, Orthusteguy señaló que se trata de un movimiento político “raro”, e indicó que “la gente no es tonta, el presentar una querella el partido político al cual pertenecen las personas que están involucradas en esta investigación, no lo va a limpiar. Revolución Democrática, le guste o no le guste al partido político y a sus dirigentes, quedaron manchados a fuego y para siempre en su historial político por este escándalo. Incluso, si en un año o dos esto tenga reproches solamente administrativos y éticos y no llegue a una formalización, de todas formas Revolución Democrática y el Frente Amplio en su conjunto como generación quedaron extremadamente manchados, y la opinión pública no va a cambiar su opinión por la presentación de una querella”.
“Me parece incluso un poco cínico que aparezcan querellando. Es mejor dar buenas señales políticas, que es el ámbito que les compete, por ejemplo, con el caso de Catalina Pérez, que vean su expulsión o que deje de ser vicepresidenta de la mesa de la Cámara, esas son señales políticas que pueden enviar, pero involucrarse derechamente en la causa penal es incluso hasta raro. Casi, pensando mal, que quizás quieren obtener información de la investigación que se está llevando a cabo en contra del mismo partido”, sostuvo.
En los últimos días, incluso se ha planteado que este hecho puede derivar en una acusación constitucional contra el ministro de Vivienda, Carlos Montes. Para el ex fiscal hay una responsabilidad política que el titular de la cartera debiera asumir. Si bien “ya se han hecho cargo algunas personas, a la subsecretaria se le pidió la renuncia, Montes tiene una responsabilidad política porque esto ocurre bajo su dirección, ya sea por omisión o por acción, pero lamentablemente le ocurrió dentro de su ministerio. Son muchos millones, es mucha plata, evidentemente que no es poco probable que finalmente tenga que asumir una responsabilidad política”.