Tendencias en persecución penal empresarial

Una citación de la Fiscalía, una entrada y registro, la incautación de dispositivos o una denuncia interna que escala pueden alterar la operación de una empresa en horas. Las tendencias en persecución penal empresarial muestran que el riesgo ya no se limita a una eventual multa: puede involucrar formalizaciones de ejecutivos, medidas cautelares personales, inmovilización de activos, daño reputacional y una interrupción real del negocio.

Para directores, gerentes generales, administradores y oficiales de cumplimiento, la pregunta relevante no es si la organización tiene políticas archivadas. Es si puede demostrar, con antecedentes verificables, que previno, detectó y reaccionó correctamente frente a una posible conducta delictiva. Cuando la Fiscalía inicia diligencias, la preparación jurídica y probatoria de los primeros días suele condicionar toda la causa.

Tendencias de persecución penal empresarial: qué está cambiando

La Ley N.º 20.393 amplió progresivamente el catálogo de delitos que pueden generar responsabilidad penal de la persona jurídica. La Ley N.º 21.595, sobre delitos económicos, elevó de manera significativa la exposición penal de quienes intervienen en la dirección, administración y supervisión de empresas. El foco dejó de estar únicamente en la ejecución material del hecho. También alcanza decisiones de control, delegación, aprobación, reporte y vigilancia.

Esta expansión tiene un efecto práctico: hechos que antes se abordaban como contingencias regulatorias, comerciales o administrativas pueden adquirir relevancia penal. Un pago sin respaldo suficiente, una operación con un proveedor vinculado, la alteración de documentación, una declaración tributaria inexacta o una omisión frente a alertas internas requieren análisis temprano. No toda irregularidad constituye delito, pero tratarla como un asunto menor sin evaluar sus consecuencias penales puede agravar la posición de la empresa y de sus directivos.

La persecución actual también es más documental y tecnológica. Correos electrónicos, mensajería corporativa, respaldos contables, registros de acceso, sistemas ERP, teléfonos y archivos en la nube pueden convertirse en evidencia. La consistencia entre los documentos, las declaraciones y la conducta posterior al hallazgo será examinada con especial atención.

Más atención sobre quienes toman decisiones

La calidad de directivo o ejecutivo no equivale, por sí sola, a responsabilidad penal. Sin embargo, la posición de garantía, el ámbito de atribuciones y el conocimiento de los riesgos son elementos decisivos en una investigación. Fiscalía puede indagar quién autorizó una operación, quién recibió una alerta, qué controles existían y por qué no se activaron.

La defensa debe evitar dos errores frecuentes. El primero es asumir que una delegación formal elimina toda responsabilidad. El segundo es atribuir automáticamente una conducta a la alta administración sin revisar funciones reales, flujos de información, poderes y evidencia disponible. Cada caso exige reconstruir decisiones concretas, no aplicar etiquetas generales.

La prevención se evalúa por su funcionamiento real

Un modelo de prevención de delitos puede ser relevante para la responsabilidad de la persona jurídica, pero su existencia formal no basta. Debe estar adecuado al giro, tamaño, estructura y riesgos específicos de la organización. Una empresa con operaciones de alto volumen, contratistas, licitaciones, relación con autoridades o gestión de residuos enfrenta riesgos distintos a una compañía de servicios profesionales.

En una investigación, no basta con exhibir un manual. Habrá preguntas sobre capacitación efectiva, independencia del encargado de prevención, canales de denuncia, investigaciones internas, sanciones, matriz de riesgos y controles aplicados. Si los procedimientos fueron ignorados de manera sistemática o si la administración conocía falencias relevantes, el documento pierde fuerza defensiva.

Delitos económicos y trazabilidad de las decisiones

La Ley N.º 21.595 instaló una exigencia mayor de trazabilidad. Las empresas necesitan poder explicar por qué se eligió a un proveedor, cómo se definió un precio, qué antecedentes respaldaron un gasto, quién aprobó una excepción y qué revisión existió ante señales de alerta. La trazabilidad no significa burocracia inútil. Significa que una decisión relevante pueda ser entendida y defendida meses o años después.

Esto es especialmente sensible en materias tributarias, contables, patrimoniales, ambientales, informáticas y de contratación. Un mismo hecho puede generar consecuencias ante distintas autoridades y abrir acciones judiciales de diversa naturaleza. Por ejemplo, una operación con aparente justificación comercial puede ser revisada desde la perspectiva de fraude, administración desleal, delito tributario, lavado de activos o entrega de información falsa, dependiendo de sus antecedentes.

La reacción debe ser proporcional. Sobrerreaccionar mediante comunicaciones internas improvisadas, eliminación de archivos o interrogatorios sin dirección legal puede crear nuevos problemas. Pero postergar una revisión seria permite que se pierda evidencia, continúe la conducta o se consoliden versiones contradictorias. El equilibrio está en actuar con rapidez, preservar antecedentes y definir una estrategia procesal desde el inicio.

Investigaciones internas: utilidad y límites

Una investigación interna bien dirigida permite conocer los hechos antes de que la empresa quede expuesta a diligencias sorpresivas. Puede ayudar a preservar documentación, identificar personas involucradas, detener pagos, corregir procesos y adoptar medidas laborales o corporativas. También puede ser un elemento relevante para demostrar una respuesta diligente.

Sin embargo, no reemplaza la defensa penal. Su objetivo, alcance y metodología deben definirse con cuidado, porque sus resultados podrían ser solicitados o utilizados en procedimientos posteriores. Entrevistar a trabajadores sin claridad sobre sus derechos, acceder a comunicaciones sin respetar reglas aplicables o emitir conclusiones anticipadas puede afectar tanto la investigación como a las personas involucradas.

La confidencialidad debe manejarse con realismo. No toda información recopilada internamente queda automáticamente protegida. La intervención temprana de abogados con experiencia penal permite ordenar la revisión, distinguir antecedentes sensibles, resguardar la cadena de custodia y evitar que una investigación corporativa se convierta en una fuente innecesaria de exposición.

Qué hacer ante una denuncia o una diligencia de Fiscalía

Frente a una denuncia, querella, citación o requerimiento de información, las decisiones iniciales deben ser controladas. La primera prioridad es preservar evidencia y evitar alteraciones, incluso involuntarias. La segunda es determinar qué se conoce realmente, quiénes tienen información relevante y qué obligaciones de reporte, cooperación o resguardo podrían aplicar.

Si existen diligencias intrusivas, como entrada y registro o incautación, la empresa debe contar con representación legal inmediata. Es necesario revisar el alcance de la resolución judicial, registrar lo ocurrido, identificar los elementos incautados y resguardar el ejercicio de los derechos de la organización y de las personas afectadas. La colaboración no exige renunciar a garantías ni entregar información fuera del marco legal correspondiente.

Tampoco conviene construir defensas públicas apresuradas. En causas de alta exposición, un comunicado mal redactado puede perjudicar la posición procesal, afectar a trabajadores o proyectar admisiones que no corresponden. La comunicación externa debe coordinarse con la estrategia penal, los deberes regulatorios y la continuidad operacional.

Una defensa penal empresarial no se improvisa

La defensa efectiva combina lectura de carpeta investigativa, análisis de evidencia digital y documental, evaluación de riesgos individuales y corporativos, y preparación para audiencias decisivas. Una formalización no es una condena, pero sí abre una etapa en que las medidas cautelares, las salidas procesales, la prueba y la teoría del caso requieren decisiones técnicas.

También importa comprender la lógica investigativa. Quien ha intervenido desde la persecución penal conoce el valor de una cronología consistente, la forma en que se construyen hipótesis de imputación y los puntos donde una investigación puede presentar debilidades. Esa experiencia resulta especialmente valiosa al enfrentar delitos económicos complejos, donde el volumen documental puede ocultar tanto información favorable como riesgos que deben ser abordados antes de una audiencia.

En Pedro Orthusteguy Hinrichsen, la asesoría se orienta a proteger libertad, patrimonio, reputación y continuidad operacional con una defensa preparada para investigar, negociar cuando corresponda y litigar cuando sea necesario. No existen soluciones automáticas: la estrategia correcta depende de los hechos, la evidencia, la posición de cada involucrado y la etapa procesal.

La mejor decisión no es esperar a que llegue una formalización. Ante una señal concreta de riesgo, ordenar los antecedentes, preservar la prueba y obtener defensa penal especializada permite recuperar control antes de que la investigación defina el escenario por la empresa.