Una incautación en las oficinas, bodegas o sistemas informáticos de una compañía no es un trámite administrativo ni un momento para improvisar. Los primeros pasos tras una incautación empresarial pueden definir si la organización conserva control sobre su operación, resguarda información sensible y construye una defensa penal eficaz desde el inicio. La prioridad es actuar con orden, sin obstruir la diligencia y sin entregar antecedentes que excedan lo autorizado.
En Chile, estas actuaciones suelen estar vinculadas a investigaciones por delitos económicos, tributarios, ambientales, informáticos, patrimoniales o a una eventual responsabilidad penal de la persona jurídica. La Ley N° 20.393 y las modificaciones introducidas por la Ley N° 21.595 han elevado la exposición de empresas y directivos. Por eso, la respuesta debe combinar conocimiento procesal, criterio corporativo y una defensa que entienda cómo trabaja la Fiscalía.
Qué hacer durante la diligencia de incautación
La empresa debe designar de inmediato a un representante interno que acompañe la diligencia y centralice las comunicaciones. No corresponde impedir el ingreso de policías o fiscales si existe una orden judicial válida o una hipótesis legal de actuación sin ella. Resistir físicamente, ocultar evidencia, alterar archivos o instruir a trabajadores para borrar comunicaciones puede abrir nuevos riesgos penales y perjudicar gravemente la posición defensiva.
Eso no significa adoptar una actitud pasiva. El representante debe solicitar identificación de los funcionarios, revisar la resolución judicial cuando corresponda y registrar, de manera respetuosa, qué se revisa, qué se retira y bajo qué fundamento. La presencia temprana de un abogado penalista permite controlar la legalidad de la actuación, resguardar la cadena de custodia y advertir situaciones que comprometan derechos de la compañía, sus ejecutivos o terceros.
La incautación de objetos y documentos está regulada, principalmente, en los artículos 217 y siguientes del Código Procesal Penal. La autorización debe estar vinculada a una investigación concreta y respetar los límites materiales, temporales y espaciales de la diligencia. Si se retiran computadores, teléfonos, respaldos de servidores o documentación masiva, es relevante dejar constancia de cualquier diferencia entre lo autorizado y lo efectivamente incautado.
No entregue explicaciones informales para “aclarar” la situación. Un gerente, jefe de finanzas o encargado de cumplimiento puede creer que está ayudando, pero sus palabras pueden incorporarse posteriormente a la investigación. La empresa debe diferenciar entre colaborar mediante los canales jurídicos adecuados y exponer innecesariamente a sus trabajadores o representantes.
Registro, inventario y continuidad operacional
El acta de incautación no es una formalidad secundaria. Debe identificar los objetos, documentos y dispositivos retirados, idealmente con la mayor precisión posible: marca, modelo, número de serie, ubicación, tipo de archivo o soporte. Si se incautan grandes volúmenes de información digital, la defensa debe procurar que quede claro si hubo copia forense, extracción selectiva o retiro físico de equipos.
Antes de firmar un acta, el representante de la compañía debe leerla. Si el documento es incompleto o contiene una descripción que no refleja lo ocurrido, se puede solicitar una corrección o dejar una observación expresa. La firma no debe convertirse en una renuncia a cuestionar la diligencia, pero tampoco es aconsejable negarse mecánicamente a firmar sin asesoría jurídica.
En paralelo, la empresa necesita activar un protocolo de continuidad. La pérdida temporal de computadores, respaldos contables, contratos, bases de datos o accesos a plataformas puede detener pagos, afectar obligaciones laborales, interrumpir servicios y exponer información confidencial de clientes. La respuesta debe ser inmediata y documentada.
Conviene levantar un inventario interno de lo retirado, identificar los procesos afectados y resguardar copias lícitas que permanezcan disponibles. La compañía no debe recrear, modificar ni “completar” documentos luego de la diligencia. Sí puede recuperar respaldos existentes, proteger sistemas que no fueron incautados y mantener sus obligaciones comerciales mediante mecanismos alternativos.
Cuando la operación lo justifique, la defensa puede solicitar acceso, copia o devolución de antecedentes indispensables para la continuidad del negocio. La procedencia de esa petición depende de la naturaleza del objeto incautado, de su relevancia investigativa y de los riesgos para la pesquisa. No siempre habrá una devolución inmediata, pero una solicitud bien fundada puede evitar que la diligencia paralice indebidamente a la empresa.
Pasos tras una incautación empresarial: las primeras 48 horas
Las primeras 48 horas requieren disciplina. El error más frecuente es tratar el hecho como una crisis comunicacional antes de entender su dimensión procesal. Primero se debe establecer qué causa motivó la diligencia, qué fiscalía interviene, cuál es el delito investigado y quiénes podrían estar expuestos como imputados, testigos o terceros afectados.
Luego corresponde preservar evidencia interna de forma técnica. Esto no significa revisar indiscriminadamente los correos de trabajadores ni acceder a información protegida sin límites. Significa suspender las rutinas de eliminación automática, preservar registros pertinentes y asegurar que cualquier revisión interna sea dirigida por abogados, con criterios de necesidad, confidencialidad y trazabilidad.
La empresa también debe emitir instrucciones claras al equipo. Las comunicaciones sobre la diligencia deben centralizarse en una persona responsable. Los trabajadores no deben comentar el caso en redes sociales, contactar por cuenta propia a autoridades ni destruir información. Si son citados a declarar, requieren orientación jurídica individual, porque los intereses de la empresa no siempre coinciden plenamente con los de cada ejecutivo o dependiente.
En esta etapa suelen ser necesarios cuatro frentes de trabajo:
- revisar la orden, actas y antecedentes disponibles de la diligencia;
- identificar la información incautada y el perjuicio operacional concreto;
- preservar evidencia corporativa relevante sin alterar su integridad; y
- definir la estrategia de defensa de la persona jurídica, ejecutivos y trabajadores expuestos.
La separación de defensas es especialmente relevante. Un gerente general, director, oficial de cumplimiento o contador puede enfrentar decisiones procesales distintas a las de la compañía. Pretender una representación única sin analizar posibles conflictos de interés puede afectar el derecho a defensa de todos los involucrados.
Información confidencial, secreto profesional y datos de terceros
Una incautación empresarial puede alcanzar antecedentes especialmente sensibles: contratos con clientes, información financiera, secretos industriales, datos personales, correos de ejecutivos o comunicaciones con abogados. No toda la información corporativa tiene la misma protección, pero tampoco toda puede ser examinada sin control.
Las comunicaciones amparadas por secreto profesional exigen un tratamiento particularmente cuidadoso. Si se incautan dispositivos o archivos que contienen intercambios entre la empresa y sus abogados, la defensa debe plantearlo oportunamente y solicitar mecanismos que eviten una revisión indebida. El artículo 220 del Código Procesal Penal contempla objetos y documentos no sujetos a incautación en determinados supuestos, entre ellos aquellos vinculados al secreto profesional.
También debe evaluarse el impacto sobre datos de clientes, proveedores y trabajadores. La compañía tiene deberes de custodia y confidencialidad que no desaparecen por la existencia de una investigación. Una estrategia seria busca compatibilizar el deber de colaboración con la protección de información ajena a los hechos investigados.
Cuándo cuestionar la diligencia y cuándo colaborar
No toda incautación debe ser impugnada, y no toda colaboración beneficia a la empresa. La decisión depende de la legalidad de la medida, de la relación entre los bienes retirados y los hechos investigados, de la calidad de los antecedentes de la Fiscalía y del nivel de exposición de la organización.
Puede ser necesario promover acciones judiciales cuando la diligencia carece de habilitación suficiente, excede la autorización concedida, afecta material protegido o produce una afectación desproporcionada de la actividad empresarial. En otros casos, conviene entregar antecedentes delimitados y verificables para demostrar que la empresa cuenta con controles, trazabilidad y voluntad de esclarecer los hechos.
La colaboración útil nunca equivale a una admisión improvisada de responsabilidad. Debe ser estratégica, fundada y compatible con los derechos de la compañía y de las personas involucradas. En investigaciones complejas, la defensa debe anticipar escenarios de formalización, medidas cautelares, levantamiento de secreto bancario, nuevas entradas y registros o una eventual persecución bajo el régimen de responsabilidad penal corporativa.
Una respuesta que proteja a la empresa y a las personas
La incautación suele ser el primer hecho visible de una investigación que puede extenderse por meses o años. Lo retirado será analizado, cruzado con declaraciones, pericias y registros financieros. Por esa razón, la defensa no termina cuando los funcionarios salen de las dependencias: recién comienza el trabajo de reconstruir los hechos, evaluar riesgos y fijar una posición procesal consistente.
Pedro Orthusteguy Hinrichsen aporta una perspectiva especialmente útil en esta etapa: conocer la lógica investigativa de la Fiscalía permite anticipar qué buscarán los persecutores y dónde puede construirse una defensa efectiva. La rapidez no consiste en reaccionar con ansiedad, sino en adoptar decisiones precisas antes de que una diligencia urgente se transforme en una crisis penal, patrimonial y reputacional mayor.
Frente a una incautación, el objetivo inmediato es sencillo: preservar derechos, evitar errores irreversibles y mantener a la empresa operando dentro de la ley. Cada actuación posterior debe responder a ese propósito, con confidencialidad, control procesal y una defensa leal a los intereses de quienes están en riesgo.
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