Impugnan medida de destitución de funcionaria del Servicio de Salud acusada de solicitar préstamos de dinero a trabajadores
Paulina Oberreuter era ex jefa del Departamento de Gestión de Personas y Desarrollo Organizacional de la Subdirección de Recursos Humanos del citado servicio público.
El bullado caso protagonizado por la ex jefa del Departamento de Gestión de Personas y Desarrollo Organizacional de la Subdirección de Recursos Humanos del Servicio de Salud Magallanes, Paulina Oberreuter Werner, conocido a través de una demanda laboral que ganó una psicóloga y que derivó en un sumario administrativo, se trasladó ahora a la Corte de Apelaciones mediante un recurso de protección que persigue derechamente anular la medida disciplinaria de destitución que le impuso la jefatura de su servicio y que más tarde ratificaría la Contraloría Regional.
Actuando en representación de Oberreuter, el abogado penalista y ex presidente de la Asociación de Fiscales, Pedro Orthusteguy, recurrió de protección en contra del contralor regional de Magallanes, Alejandro Riquelme Montecinos, por la dictación de su oficio Nº3.685, de fecha 14 de noviembre de 2019, el que califica de ilegal y arbitrario.
La mencionada funcionaria fue acusada de solicitar dineros a distintos funcionarios del Servicio de Salud, al requerir directamente y en beneficio propio préstamos a instituciones financieras, así como también al forzar solicitudes de préstamos en el Servicio de Bienestar de Salud a dichos trabajadores.
Para el órgano contralor, el mecanismo usado para la obtención de préstamos fue el aprovechamiento del cargo de jefa de departamento que ostentaba, presionando tanto a funcionarios subalternos como también a personal de cargo de otras jefaturas con rango jerárquico.
Otra de las acusaciones recaídas en contra de la citada funcionaria, es que hacía uso de las dependencias de su repartición y ocupaba el tiempo de los trabajadores, para ofrecer en venta ropa y carteras.
Las conductas imputadas
Frente a las conductas imputadas, en este caso se configuraría un incumplimiento grave del principio de probidad administrativo regulado en el artículo 52 de la Ley 18.575, siendo aplicable la medida de destitución, la que no se considera arbitraria ni desproporcionada toda vez que se habría causado un perjuicio económico a distintos funcionarios del Servicio de Salud de Magallanes, además de infundir temor en ellos usando su rango jerárquico superior con el fin de obtener un beneficio económico reflejado en la obtención irregular de préstamos financieros.
Notificada de la medida sancionatoria, Oberreuter presentó un recurso de reclamación, donde pedía revocar la medida de destitución. Con fecha 4 de noviembre de 2019, tal pretensión fue desestimada por el contralor regional Alejandro Riquelme, quien rechazó los reclamos planteados por la defensa.
En opinión de su abogado, luego de enumerar una serie de eventuales vicios en la tramitación del procedimiento administrativo, no se logró probar que existiera presión o amenazas para la solicitud de préstamos de dineros, necesarios en aquella época “dada la delicada situación financiera de mi representada”. Que, en efecto, añade, “cada solicitud de dinero se realizó acudiendo a personas con las que se mantenía un lazo de amistad y confianza, y con la finalidad de devolver dichos montos en la oportunidad correspondiente”.
Al objetar la drástica medida administrativa, el abogado acusa que al desarrollar la Contraloría Regional un procedimiento que “se alejó del debido proceso, se produjo de hecho una arrogación de facultades no detentadas por dicho órgano al imponerse arbitrariamente una sanción administrativa”.
Conforme a estos argumentos, el abogado Pedro Orthusteguy estima que la dictación del oficio que ratificó la medida de destitución, constituye una vulneración de los derechos garantizados en el artículo 19 Nº2, 3 y 4 de la Constitución Política de la República, razón por la que demanda se ordene la revocación de la sanción.