¿Qué pasó?
El vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, valoró la acción del fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, quien este martes de oficio abrió una investigación por presunta desgracia por la desaparición del avión Hércules C130, donde viajaban 38 personas entre civiles y uniformados, quienes se dirigían a la Antártica.
¿Qué dijo Cisternas?
“Es perfectamente pertinente que el Ministerio Público abra investigaciones cuando ocurren hechos que le parece que pueden ser susceptibles de delito”, explicó el juez.
Al mismo tiempo, señaló que la Fiscalía puede iniciar las indagatorias porque dentro de la aeronave viajaban tres civiles, pese a que en algún momento se pueden cruzar las investigaciones con la justicia militar. “Como hay civiles involucrados, existe la posibilidad que actúe el Ministerio Público”.
En paralelo la Fuerza Aérea de Chile, designó para la investigación administrativa al general José Aguirre Gamboa, jefe de brigada de Antofagasta.
¿Quién debe investigar?
El abogado penalista y exfiscal, Pedro Orthusteguy, declaró que en este caso lo lógico es que la investigación quede en manos de la Fiscalía de Aviación. Aseguró que “tratándose de un avión militar, donde los sujetos activos o los potenciales responsables de un cuasidelito de homicidio son uniformados, debería investigarlo la Fiscalía de Aviación, sería lo más lógico”.
Argumentó que durante el año 2010 cambió la ley y eso abre la puerta para que el Ministerio Público investigue. “Están las normas del código de aeronáutica, de la fiscalía militar, además, las modificaciones que ha sufrido este último, donde se expresa que en ningún caso cuando existan menores de edad y víctimas civiles, la competencia puede estar en manos de los tribunales militares”.
Sin embargo, aclaró que la causa podría ser indagada por dos organismos. “Las presuntas desgracias no son un delito en sí y la ley establece que se pueden dividir las competencias, en civiles y militares, por un lado, lo puede hacer las Fiscalía de la Aviación y en paralelo el Ministerio Público. En caso se cruzarse las investigaciones, la Corte Suprema deberá definir quién se queda con la investigación”, dijo.