Defensa por lavado de activos ante una investigación

Una citación de la Fiscalía, una orden de entrega de antecedentes bancarios o la inmovilización de activos puede alterar, en horas, la operación de una empresa y la vida personal de sus directivos. La defensa por lavado de activos exige intervenir desde el primer acto investigativo, con criterio penal, comprensión financiera y control estricto de cada declaración y documento entregado.

En Chile, una investigación de esta naturaleza suele incorporar un volumen importante de antecedentes: cartolas bancarias, contratos, facturas, correos electrónicos, reportes contables, operaciones societarias y comunicaciones con terceros. El problema no se resuelve con una explicación general sobre el origen de los fondos. La defensa debe reconstruir hechos, identificar riesgos reales y sostener una teoría del caso verificable ante la Fiscalía y, si corresponde, ante el tribunal.

Qué arriesga una investigación por lavado de activos

El lavado de activos está regulado principalmente por la Ley N.º 19.913. La investigación busca determinar si una persona conocía o podía conocer el origen ilícito de bienes, dinero u otros activos, y si realizó operaciones destinadas a ocultar, disimular o aprovechar esos recursos.

La imputación puede surgir junto con un delito base, como fraude, cohecho, delito tributario, estafa, apropiación indebida, delito funcionario, tráfico de drogas o ilícitos cometidos en el contexto corporativo. También puede afectar a personas cuya participación parece secundaria: administradores, representantes legales, contadores, asesores externos, familiares, socios o terceros que intervinieron en transferencias, compraventas o estructuras societarias.

Las consecuencias superan una eventual condena penal. Una investigación puede derivar en incautaciones, levantamiento de secreto bancario, medidas cautelares personales, embargo de bienes, congelamiento de cuentas, deterioro reputacional y dificultades para mantener relaciones comerciales. Para una compañía, la exposición también alcanza a sus trabajadores, inversionistas, proveedores y continuidad operacional.

Defensa lavado activos: la estrategia empieza antes de declarar

El primer error frecuente es asumir que colaborar equivale a declarar sin preparación. Entregar antecedentes puede ser necesario y una actitud procesal constructiva puede ser conveniente, pero esa decisión debe responder a una estrategia. Una declaración improvisada, una explicación incompleta o la entrega desordenada de documentos puede ampliar innecesariamente una hipótesis investigativa.

Antes de comparecer ante la Fiscalía, la Policía de Investigaciones, Carabineros u otra autoridad, la defensa debe establecer qué diligencia se practica, cuál es la calidad procesal de la persona citada y qué antecedentes están siendo requeridos. No es lo mismo comparecer como testigo que hacerlo como imputado, ni responder una solicitud documental acotada que enfrentar una investigación con múltiples operaciones bajo revisión.

El análisis temprano permite fijar límites claros: qué información existe, quién la custodia, cuál es su contexto y qué afirmaciones pueden acreditarse. También ayuda a prevenir contradicciones entre ejecutivos, áreas internas o asesores externos. En causas complejas, una contradicción menor puede ser presentada como señal de ocultamiento, aunque responda a una deficiente coordinación inicial.

La trazabilidad de los fondos es el centro del caso

Una defensa efectiva no se limita a discutir la existencia de transferencias bancarias o movimientos patrimoniales. El punto crítico es explicar la trazabilidad completa de los recursos y la lógica económica de las operaciones cuestionadas.

Esto supone revisar el origen de los fondos, los contratos que respaldan su circulación, las obligaciones comerciales involucradas, las fechas de pago, las facultades de quienes intervinieron y el destino final de los bienes. Una compraventa inmobiliaria, un préstamo entre sociedades relacionadas, una capitalización, una cesión de derechos o un pago internacional pueden ser operaciones legítimas. Sin embargo, si la documentación es incompleta o la secuencia financiera es confusa, la Fiscalía puede considerar que existe una maniobra de ocultamiento.

El análisis debe ser técnico y prudente. Hay casos en que la explicación comercial es sólida, pero los registros contables no reflejan adecuadamente la operación. En otros, los documentos existen, pero fueron suscritos con posterioridad o no coinciden con los flujos bancarios. Cada escenario requiere una respuesta distinta. La defensa no puede basarse en afirmaciones genéricas de buena fe cuando la causa demanda evidencia concreta.

Controlar medidas cautelares y proteger el patrimonio

La formalización no equivale a una condena, pero abre una etapa de alto impacto. La Fiscalía puede solicitar medidas cautelares personales, incluyendo prisión preventiva, además de diligencias que afecten bienes y cuentas. La respuesta debe ser inmediata, fundada y consistente con los antecedentes disponibles.

Frente a una solicitud de prisión preventiva, la defensa debe controvertir con precisión los presupuestos legales: existencia del delito, antecedentes que vinculen al imputado y necesidad de cautela. No basta con destacar arraigo familiar o laboral si la Fiscalía sostiene una hipótesis de reiteración, peligro de fuga u obstaculización de la investigación. Se requiere demostrar por qué esas alegaciones no se sostienen en los hechos.

La protección patrimonial también demanda atención. El comiso, las incautaciones y otras medidas reales pueden comprometer activos necesarios para la subsistencia de una familia o la operación de una empresa. Es indispensable diferenciar bienes vinculados a la investigación de aquellos con origen lícito, establecer titularidades reales y acreditar la independencia económica de terceros afectados.

Acciones urgentes ante una investigación

Cuando existe una denuncia, querella, citación o diligencia en curso, conviene actuar con una secuencia ordenada. Las prioridades habituales son las siguientes:

• Resguardar documentos físicos y digitales sin alterar, eliminar ni modificar información relevante.
• Identificar contratos, respaldos bancarios, registros contables y comunicaciones que expliquen cada operación observada.
• Definir una vocería interna y evitar declaraciones públicas o respuestas no coordinadas de ejecutivos y trabajadores.
• Evaluar la situación procesal de cada involucrado, especialmente si existen intereses distintos entre la empresa, sus socios y sus administradores.
• Preparar la comparecencia ante la autoridad y diseñar una estrategia para diligencias, cautelares y eventual formalización.

La preservación de evidencia debe hacerse con rigor. Intentar “ordenar” información después de conocer una investigación puede ser interpretado de manera adversa. La defensa debe trabajar sobre los hechos, no fabricar una versión posterior de ellos.

Empresas: responsabilidad penal y prevención con efecto real

Si la investigación afecta a una organización, la defensa penal puede coexistir con un análisis de responsabilidad de la persona jurídica. La Ley N.º 20.393 contempla responsabilidad penal corporativa en determinados delitos y exige revisar si los modelos de prevención, controles internos y canales de denuncia eran adecuados a los riesgos de la empresa.

No todas las deficiencias de cumplimiento convierten a una compañía en responsable penal. Depende de la estructura de decisión, del beneficio obtenido o esperado, de las facultades de los involucrados y de la eficacia concreta de los controles existentes. Un manual que nunca se aplicó no tiene el mismo valor que procedimientos demostrables, capacitaciones, auditorías y medidas correctivas oportunas.

La intervención defensiva debe evitar dos extremos: negar sin revisar los hechos o realizar una investigación interna descontrolada que exponga indebidamente a la empresa y a sus trabajadores. La confidencialidad, la delimitación de funciones y la coordinación entre defensa penal, asesoría corporativa y especialistas financieros son determinantes.

Experiencia investigativa para una defensa penal seria

Quien enfrenta una causa por lavado de activos necesita una defensa que entienda cómo se construye una investigación desde dentro: qué relevancia puede tener un reporte financiero, cómo se valoran las declaraciones, cuándo una diligencia puede ser impugnada y qué antecedentes modifican una decisión de la Fiscalía o del tribunal.

Pedro Orthusteguy Hinrichsen aporta experiencia como exfiscal y litigante en causas de alta complejidad, con una defensa orientada a proteger libertad, patrimonio, reputación y continuidad operacional. El objetivo no es prometer resultados imposibles, sino intervenir con rapidez, lealtad y una estrategia procesal seria desde el primer momento.

Ante una investigación por lavado de activos, el tiempo no es un detalle administrativo. Es el espacio en que se preserva evidencia, se evita un error irreversible y se construye una defensa capaz de sostenerse cuando la presión investigativa aumenta.