Cómo preparar un peritaje contable penal

Cuando una investigación penal se sostiene en transferencias, facturas, balances o movimientos entre sociedades relacionadas, el conflicto rara vez se resuelve con una planilla extensa. Para preparar un peritaje contable penal que influya realmente en una investigación, una formalización o un juicio oral, se debe transformar información financiera en una conclusión técnica verificable y jurídicamente pertinente.

Ese trabajo exige coordinación temprana entre abogado defensor, imputado o empresa, y perito contador. Un informe técnicamente correcto, pero desconectado de la teoría del caso, puede resultar irrelevante. A la inversa, una defensa fundada en explicaciones comerciales plausibles, pero sin respaldo documental ni metodología pericial, queda expuesta frente a la tesis de la Fiscalía.

El peritaje no reemplaza la defensa penal

Un peritaje contable no decide si existe delito ni determina la responsabilidad penal de una persona. Su función es aportar conocimiento especializado sobre hechos económicos que requieren análisis técnico: el origen y destino de fondos, la existencia de un perjuicio, la trazabilidad de una operación, la consistencia de registros, la valorización de activos o la forma en que operaba un sistema de control interno.

La distinción es relevante. En causas por administración desleal, apropiación indebida, estafa, delitos tributarios, lavado de activos, cohecho o fraude corporativo, el informe no debe contener conclusiones jurídicas como afirmar que alguien actuó con dolo o que una conducta configura un delito. Debe explicar, con documentos y criterios contables, qué ocurrió y qué hipótesis financiera resulta respaldada por la evidencia disponible.

En el proceso penal chileno, la prueba pericial se rige, entre otras normas, por los artículos 314 y siguientes del Código Procesal Penal. El tribunal espera que el perito exponga su especialidad, metodología, antecedentes examinados y conclusiones. Por eso, un informe preparado para una auditoría interna o para fines tributarios no siempre sirve, sin ajustes, para una audiencia de juicio oral.

Definir la pregunta pericial antes de revisar documentos

El primer error frecuente consiste en encargar una revisión general de toda la contabilidad. Esa fórmula consume tiempo, eleva costos y produce informes descriptivos que no responden al punto crítico de la causa. La pregunta pericial debe ser concreta y estar vinculada a un hecho discutido.

No es lo mismo establecer si faltan fondos en una cuenta bancaria que determinar si esos fondos fueron utilizados para una finalidad previamente autorizada. Tampoco es igual calcular un supuesto perjuicio que analizar si la cifra presentada por el querellante confunde devengos, flujo de caja, cuentas por cobrar o pérdidas de oportunidad.

Una buena instrucción al perito puede orientarse a determinar la trazabilidad de pagos específicos, verificar si una factura corresponde a una prestación efectiva, reconstruir la relación financiera entre sociedades, revisar la existencia de autorizaciones internas o calcular el perjuicio bajo criterios explícitos. Mientras más delimitada sea la pregunta, más defendible será el resultado.

La defensa debe revisar esta definición desde el inicio. En una investigación compleja, la Fiscalía suele construir su hipótesis a partir de informes policiales, antecedentes bancarios, declaraciones y pericias institucionales. Esperar hasta la acusación para examinar las cifras puede dejar poco margen para detectar omisiones, períodos mal considerados o conclusiones basadas en información incompleta.

Cómo preparar un peritaje contable penal útil en juicio

La preparación debe seguir una secuencia rigurosa. Primero se revisa la carpeta investigativa y la documentación entregada por el cliente para identificar la imputación, los hechos relevantes, los períodos involucrados y los montos que se atribuyen como perjuicio o beneficio ilícito. Luego se construye una matriz documental que permita saber qué antecedente respalda cada conclusión.

La documentación puede ser abundante, pero no toda tiene el mismo valor. Libros contables, cartolas bancarias, comprobantes de transferencia, contratos, órdenes de compra, correos corporativos, actas de directorio, declaraciones tributarias y respaldos de sistemas de gestión deben ser revisados según su origen, fecha, integridad y conexión con el hecho investigado.

En especial, se debe cuidar la conservación de los archivos digitales. Una planilla modificada sin control de versiones, un correo reenviado sin su contexto o una base de datos extraída sin explicación pueden generar cuestionamientos serios. El perito debe poder explicar de dónde obtuvo cada registro, qué tratamiento aplicó y por qué ese tratamiento no alteró la información original.

La metodología también importa. Si el informe reconstruye flujos de dinero, debe identificar cuentas de origen y destino, fechas, glosas, titulares, montos y operaciones intermedias. Si calcula un perjuicio, debe exponer la fórmula aplicada, los supuestos utilizados y las limitaciones de la información. Si revisa una contabilidad, debe aclarar si trabajó sobre registros completos, muestras o antecedentes parciales.

No basta con afirmar que no existe perjuicio. Es más útil demostrar por qué una cifra está incompleta, duplicada o mal calculada. Por ejemplo, una salida de fondos puede aparecer como pérdida si se omite un contrato de mutuo, una devolución posterior, una garantía ejecutable o una prestación recibida por la sociedad. La explicación debe ser documentada y susceptible de ser contrastada.

El informe debe soportar el contraexamen

Un perito que redacta bien, pero no puede explicar su trabajo oralmente, representa un riesgo. En juicio, la contraparte buscará revelar sesgos, falta de antecedentes, errores aritméticos, supuestos discutibles o ausencia de especialidad. La preparación debe anticipar esas preguntas.

El informe necesita separar con claridad los hechos observados de las inferencias técnicas. También debe reconocer sus límites. Si faltan registros de un período, si un documento no pudo ser validado o si existen dos interpretaciones contables posibles, corresponde indicarlo. La transparencia fortalece la credibilidad del perito mucho más que una certeza artificial.

La defensa jurídica debe realizar una revisión previa del informe con el especialista. No para alterar sus conclusiones, sino para comprobar que los conceptos contables se entiendan, que los anexos estén ordenados y que las conclusiones respondan a la controversia penal. También permite preparar la declaración en audiencia sin convertir al perito en un testigo de oídas ni pedirle opiniones jurídicas ajenas a su campo.

Errores que debilitan una pericia de descargo

La contratación tardía es uno de los principales problemas. Cuando ya existe una formalización, medidas cautelares o una acusación próxima, reconstruir años de operaciones bajo presión puede ser difícil. La intervención temprana permite preservar evidencia, entrevistar a quienes conocían los procesos y detectar documentación antes de que se pierda o sea interpretada unilateralmente.

También debilita el informe encargarlo a un contador sin experiencia pericial. La capacidad para llevar registros contables o preparar estados financieros no equivale necesariamente a la habilidad para sostener una metodología frente a fiscales, querellantes y jueces. La experiencia en declaración oral, análisis documental y contradicción técnica es decisiva.

Otro error es asumir que toda irregularidad administrativa acredita un delito. Una deficiencia de control interno, una imputación contable incorrecta o un incumplimiento contractual puede generar consecuencias civiles, laborales, tributarias o regulatorias, pero no siempre demuestra apropiación, engaño, administración desleal o lavado de activos. El peritaje debe aportar precisión, no agrandar artificialmente la imputación.

Por último, no conviene entregar al perito una versión seleccionada de los hechos. Ocultar documentos adversos suele ser contraproducente. Es preferible que el especialista los examine, explique su impacto y determine si alteran o no la conclusión. Una defensa seria necesita conocer los riesgos antes de que la Fiscalía los presente en audiencia.

Peritaje, investigación interna y responsabilidad corporativa

Para directivos y empresas, una revisión contable penal puede cumplir además una función preventiva. Frente a una denuncia interna, una querella de un socio, una fiscalización tributaria o antecedentes que sugieren fraude, la investigación interna debe levantarse con resguardo de confidencialidad, preservación de evidencia y una estrategia jurídica definida.

Si existen riesgos asociados a la Ley N° 20.393, el análisis no puede limitarse a cuantificar pérdidas. Debe examinar qué controles existían, quiénes tenían facultades de aprobación, cómo se reportaban operaciones inusuales y qué medidas se adoptaron al conocer los hechos. Dependiendo del caso, corregir procesos, separar funciones y documentar decisiones oportunas puede ser tan relevante como aclarar una cifra discutida.

Pedro Orthusteguy Hinrichsen aborda estas materias desde la lógica de la investigación penal y la litigación oral: identificar tempranamente el foco de la imputación, resguardar evidencia útil y preparar una respuesta que resista el escrutinio de Fiscalía y tribunal. En causas de alto impacto, esa coordinación protege no solo la posición procesal, sino también la continuidad operacional y la reputación de la organización.

Un peritaje contable penal bien preparado no se mide por la cantidad de documentos anexos, sino por su capacidad de aclarar el hecho decisivo. Actuar temprano, definir la pregunta técnica correcta y exigir una metodología que pueda explicarse en audiencia puede cambiar el curso de una investigación antes de que una hipótesis contable se convierta en una imputación difícil de revertir.