Una estrategia ante lavado de activos no comienza cuando llega una citación de la Fiscalía, un requerimiento de antecedentes o una alerta bancaria. Comienza antes: al conocer con precisión cómo circula el dinero en la organización, quién toma decisiones y qué documentos respaldan cada operación relevante. Para un ejecutivo o una empresa, el riesgo no se limita a una eventual condena. Una investigación puede afectar la continuidad operacional, el acceso a financiamiento, contratos vigentes y la reputación de personas que no participaron directamente en los hechos.
En Chile, la Ley N.º 19.913 sanciona el lavado de activos y entrega a la Unidad de Análisis Financiero un papel central en la prevención y detección de operaciones sospechosas. A ello se suman los riesgos de responsabilidad penal de la persona jurídica bajo la Ley N.º 20.393, especialmente cuando existen deficiencias de control, delegaciones sin supervisión o estructuras societarias poco transparentes. La respuesta debe ser jurídica, operativa y probatoria desde el primer día.
El riesgo penal se construye antes de la formalización
El lavado de activos exige analizar el origen de los bienes o recursos y la conducta desplegada para ocultar, disimular o aprovechar ese origen. En una investigación real, sin embargo, la Fiscalía no observa una empresa como un organigrama ordenado. Reconstruye flujos financieros, revisa comunicaciones, contrasta declaraciones tributarias, identifica beneficiarios finales y busca explicar por qué una operación aparentemente legítima no lo sería.
Por eso, una transferencia sin respaldo suficiente, una compraventa con precio inusual o una cadena de pagos entre sociedades relacionadas pueden adquirir relevancia penal si se conectan con un delito precedente. La defensa no puede limitarse a afirmar que la operación fue comercial. Debe demostrar quién intervino, cuál era el propósito económico, de dónde provenían los fondos y qué controles se aplicaron.
No toda irregularidad contable equivale a lavado de activos. Tampoco toda alerta interna significa que exista un delito. Esa distinción es decisiva. Confundir una falla administrativa con una imputación penal puede llevar a decisiones desproporcionadas; minimizar señales objetivas puede dejar a la empresa sin capacidad de reacción cuando la investigación ya avanzó.
Estrategia ante lavado de activos: prevención con evidencia
Los modelos de prevención suelen fracasar por una razón simple: se redactan para cumplir, no para operar. Un manual genérico no protege a una compañía si los responsables de aprobar pagos no lo conocen, si los controles no dejan registro o si las excepciones se resuelven por mensajes informales.
Una estrategia eficaz debe partir de un diagnóstico de exposición. No enfrenta el mismo riesgo una empresa que recibe pagos locales trazables que una organización con intermediarios, operaciones de comercio exterior, efectivo, activos inmobiliarios, criptactivos o proveedores en jurisdicciones distintas. El nivel de control debe responder a ese riesgo real, no a una fórmula uniforme.
La documentación debe permitir reconstruir operaciones relevantes sin depender exclusivamente de la memoria de un ejecutivo. Contratos, órdenes de compra, informes de due diligence, aprobaciones internas, facturas, respaldos de pago y antecedentes del beneficiario final cumplen una función preventiva, pero también defensiva. Cuando surge una duda, esos documentos permiten explicar una operación con consistencia y oportunidad.
La capacitación tiene el mismo estándar. No basta con una charla anual sobre prohibiciones. Quienes comercializan, contratan proveedores, administran tesorería o autorizan pagos deben reconocer señales de alerta y saber a quién reportarlas. Una política que nadie usa se transforma en una debilidad cuando se examina la cultura de cumplimiento de la empresa.
Señales que exigen revisión inmediata
Las alertas deben analizarse con criterio y reserva. No corresponde paralizar cada transacción inusual, pero tampoco normalizar conductas que no tienen explicación económica verificable. Entre los escenarios que justifican una revisión reforzada están los siguientes:
- pagos fraccionados que parecen diseñados para evitar controles internos o bancarios;
- terceros que reciben fondos sin una relación contractual clara con el negocio;
- cambios repentinos de cuentas bancarias, beneficiarios o instrucciones de pago sin justificación verificable;
- operaciones con precios, comisiones o plazos alejados de las condiciones normales de mercado;
- estructuras societarias opacas o clientes que se niegan a informar quién controla efectivamente la operación.
Detectar una señal no autoriza acusar ni divulgar antecedentes. La primera tarea es preservar información, delimitar los hechos y realizar una revisión dirigida. Si existe exposición penal, la investigación interna debe diseñarse con asesoría jurídica desde su origen, para evitar reportes incompletos, entrevistas mal conducidas o decisiones que comprometan la posición de la empresa y de sus directivos.
Qué hacer frente a una investigación o requerimiento
Cuando la Fiscalía, la Policía de Investigaciones, el Ministerio Público o una autoridad administrativa solicita antecedentes, la improvisación suele aumentar el riesgo. Los primeros días definen qué información se preserva, quién habla por la organización y cómo se resguarda la continuidad del negocio sin interferir con las diligencias.
El paso inicial es activar un equipo reducido con facultades claras. Debe centralizar la recepción de requerimientos, conservar correos, contratos, archivos contables y registros de acceso, e impedir que empleados eliminen, alteren o reordenen documentos. Preservar evidencia no significa entregar antecedentes sin revisión: significa asegurar que la empresa pueda responder de manera completa, veraz y jurídicamente controlada.
Luego corresponde identificar la hipótesis investigativa. ¿Se indaga una operación determinada, un posible delito precedente, la participación de un ejecutivo o la responsabilidad de la persona jurídica? Cada escenario exige una estrategia distinta. Una persona citada a declarar necesita preparación específica; una empresa sujeta a diligencias intrusivas requiere coordinación entre defensa penal, administración, finanzas y comunicaciones internas.
También debe revisarse la exposición patrimonial. Las medidas cautelares reales, como embargos, incautaciones o prohibiciones sobre bienes, pueden afectar activos esenciales para operar. Una defensa oportuna no espera a que el perjuicio se materialice: anticipa los fundamentos de proporcionalidad, la trazabilidad patrimonial y las alternativas para proteger la operación lícita.
La responsabilidad de directivos y personas jurídicas
Los cargos de dirección no crean responsabilidad automática, pero sí elevan el estándar de diligencia. Un gerente que aprueba una operación sensible sin verificar antecedentes mínimos puede quedar expuesto si esa omisión fue funcional a un hecho ilícito. A la inversa, un directivo que documenta controles, consulta ante situaciones complejas y exige correcciones demuestra una conducta activa de prevención.
Para la persona jurídica, la Ley N.º 20.393 obliga a mirar más allá de la conducta individual. La investigación examinará si existían modelos de prevención adecuados, encargados con autonomía, canales de denuncia, controles financieros y mecanismos efectivos de supervisión. Tener esas herramientas no garantiza una exclusión de responsabilidad. Su utilidad dependerá de si eran idóneas, estaban vigentes y funcionaban en los hechos.
Aquí aparece una decisión estratégica frecuente: corregir de inmediato una debilidad o esperar el resultado de la investigación interna. En general, pueden adoptarse medidas de contención sin prejuzgar responsabilidades, como limitar facultades de pago, reforzar revisiones o suspender procesos de alto riesgo. Pero cualquier decisión que afecte a trabajadores, contratos o declaraciones frente a autoridades debe evaluarse con cuidado para no generar conflictos adicionales ni entregar conclusiones apresuradas.
Defensa penal con visión investigativa
En causas de alta complejidad, la defensa exige comprender cómo se construirá el caso desde la Fiscalía. Los antecedentes financieros no hablan solos: requieren interpretación, contexto comercial y una teoría del caso que explique de forma verificable por qué una operación fue legítima o por qué la imputación no alcanza el estándar penal exigible.
Una defensa efectiva revisa tempranamente la legalidad de diligencias, la consistencia de los informes policiales, la cadena de custodia, el alcance de levantamientos de secreto y la relación concreta entre cada imputado y los hechos investigados. También prepara el escenario de una eventual formalización, debate de medidas cautelares, negociación procesal o juicio oral. El objetivo no es reaccionar a cada noticia, sino tomar control jurídico de la situación.
Pedro Orthusteguy Hinrichsen aporta una perspectiva especialmente relevante en esta etapa: experiencia de exfiscal y litigación penal para evaluar el caso desde la lógica de quien investiga y desde la defensa de quien debe responder ante un tribunal. En materias donde están en juego libertad, patrimonio y reputación, esa lectura procesal temprana puede cambiar el margen de decisión disponible.
La mejor medida no es esperar a tener certeza absoluta de un problema. Si una operación no puede explicarse con documentos, si una alerta fue ignorada o si ya existe un requerimiento de antecedentes, corresponde ordenar los hechos con asesoría penal especializada. Actuar con reserva, preservar la evidencia y definir una estrategia antes de declarar puede proteger mucho más que un expediente: puede proteger la continuidad de la empresa y la posición personal de quienes la conducen.
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